La ex presidenta de la Diputación de Soria, abogada de De Miguel en su reclamación del kilometraje
El vicepresidente de la PPSO ha contratado a María Jesús Ruiz, también ex vicepresidenta de la Junta. El Juzgado de lo Contencioso admite la demanda
María Jesús Ruiz y José Antonio de Miguel, en la presentación de candidatos de la PPSO en 2019 .-HDS
María Jesús Ruiz, ex presidenta de la Diputación de Soria y ex vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, será la letrada que defenderá ante los tribunales a José Antonio de Miguel, en su reclamación a la Diputación de Soria, de la que es vicepresidente segundo, de 9.000 euros en concepto de kilometraje. De Miguel confirmó ayer a este periódico que Ruiz, es su abogada en el litigio que se ha abierto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria que ya ha aceptado la demanda, según explicó el reclamante.
El representante político de la PPSO, que forma parte del equipo de Gobierno en la Diputación de Soria, gracias al pacto de su formación con el PP, ha contratado como abogada a María Jesús Ruiz. Ambos militan en la actualidad en el mismo partido, la Plataforma del Pueblo Soriano, y anteriormente fueron compañeros en el PP de Soria.
Ruiz ayer no quiso confirmar a este periódico que era la abogada de José Antonio de Miguel, aunque sí declaró que «de este asunto no voy a hacer declaraciones porque está judicializado». Se da la paradoja que María Jesús Ruiz, que también es concejala de la PPSO por Ágreda, defenderá a su compañero y cliente contra los intereses de la Diputación Provincial de Soria que presidió desde 1994 hasta 2003. La letrada dio el paso en las pasadas elecciones municipales a formar parte de la Plataforma, formación que fundó José Antonio de Miguel, hace años a su salida del PP, y así volvió a la arena política.
El vicepresidente segundo y diputado de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) solicitó a la Diputación el cobro de esta cantidad para cubrir los gastos de desplazamientos desde Almazán, localidad en la que reside, a la capital soriana, donde se encuentra la sede institucional donde ejerce su representación política.
Esta petición fue rechazada por el área de Intervención de la Diputación soriana, en cuyo dictamen se expuso que «es una cuestión reglada» y se consideró que el vicepresidente no tiene derecho a esta percepción porque tiene una dedicación exclusiva (48.300 anuales). No obstante, De Miguel considera que sí tiene derecho a cobrar el kilometraje porque, a diferencia del presidencia y vicepresidencia primera también con dedicaciones exclusivas, no tiene a su disposición un vehículo oficial para los desplazamientos. En este sentido, expuso que la cantidad de 9.000 euros incluye también los desplazamientos que ha realizado desde el inicio de la legislatura a la localidad de Garray, donde está ubicado el aeródromo, donde la Diputación tiene en marcha el Aeroparque Tecnológico Industrial.
La corporación de la Diputación Provincial de Soria cuenta con 25 diputados de los que cuatro tienen dedicaciones exclusivas. Además del vicepresidente segundo, la perciben el presidente, Benito Serrano (57.750 euros al año), la vicepresidenta primera, María José Jiménez (48.300 euros anuales) y el diputado del PSOE, Carlos Llorente, (33.810 euros al año).
El resto perciben unas retribuciones por asistencias y participación en los órganos colegiados, como plenos y comisiones que se elevan a la cantidad de 138,95 euros por cada asistencia, a lo que se suma una dieta diaria de 26,67 euros y aquellos portavoces de grupos políticos que no tienen dedicación exclusiva perciben por cada sesión a pleno una cantidad adicional de 169,40 euros. A todo ello se suma el kilometraje para aquellos que se desplacen en sus vehículos y la cantidad es de 0,19 euros por kilómetro. El desembolso por estos conceptos el año pasado para todos los diputados sin dedicaciones exclusivas se elevó a 295.032 euros.
Respaldo de serrano
El secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, fue el que destapó la reclamación dineraria del vicepresidente segundo. Una situación sin precedentes en el funcionamiento de la Institución provincial, dado que ningún cargo que ha tenido dedicación exclusiva ha cobrado el kilometraje y ningún cargo en una situación como la de José Antonio de Miguel lo ha reclamado, por lo que el fallo de los tribunales, en este caso, puede sentar precedente.
El que Rey aireará este asunto ha sido criticado posteriormente por el presidente de la Diputación, Benito Serrano, que cerró filas en torno a su vicepresidente y consideró que la reclamación de De Miguel es legítima y manifestó que en otras diputaciones «esto se cobra». Serrano se reafirmó en la solidez del tripartito y en el pacto con la PPSO descartando que este asunto oscurezca las relaciones de gobierno en la Diputación soriana.
Para De Miguel, el secretario del PSOE ha tenido «mala fe» y consideró «increíble» que el senador soriano saque a relucir su petición cuando él «cobra 6.000 euros al mes y que tiene el transporte gratis».
Por último anunció que va a solicitar una relación detallada de los viajes que ha realizado el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, durante su periodo de diputado provincial durante los años 2020 y 2021 hasta que cesó como diputado provincial del PSOE. A De Miguel no le salen las cuentas y sostuvo que la cantidad económica que se le ha abonado a Cedazo en kilometraje está inflada, «porque tendría que haber hecho 15.000 kilómetros cada año entre Soria y Almazán».
