El Juzgado tumba la petición de dietas del vicepresidente de la Diputación de Soria

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria tumba la reclamación económica de 7.928,16 euros del vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel,  a la Institución, en la que solicitaba el cobro de dietas por los desplazamientos desde su domicilio, en Almazán, al Palacio Provincial, en Soria. El Juzgado le condena además al pago de las costas, hasta un máximo de mil euros. 

El fallo determina que el derecho a este abono «no sería equitativo» para los diputados provinciales con una dedicación exclusiva, como la de José Antonio de Miguel de 48.300 euros anuales, en relación con aquellos que no tienen un sueldo de Diputación y que perciben cantidades por asistencias, «parece lógico que si estos se desplazan puntualmente se les abone este gasto», recoge la sentencia. 

Por ello, para Lo Contencioso  la solicitud de De Miguel «no se puede considerar indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio de su cargo, efectivos y justificados documentalmente, como exige la Ley de Bases de Régimen Local, como el Reglamento de Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, la norma provincial indicada y el resto de las normas legal y de pertinente aplicación». 

El diputado manifestó ayer a este periódico que acata la sentencia pero dice que «no la comparto». Todavía no ha tomado una decisión sobre si recurre la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que no es firme. 

José Antonio de Miguel reclamó a la Diputación la cantidad económica correspondiente al gasto de kilometraje, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. Un total de  7.928 euros que  corresponden al gasto de desplazamiento entre las localidades de Almazán, donde reside, y Soria, donde está la sede de la Diputación. 

El presidente de al Diputación, Benito Serrano, dictó un decreto en el que desestimó la petición de su vicepresidente y socio de gobierno.  Serrano tuvo en cuenta un informe del departamento de Intervención, en la que se especificaba que los conceptos de dietas e indemnizaciones, incluido el kilometraje, no se aplica a los diputados con dedicación exclusiva.  

Contra este decreto De Miguel  interpuso el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria que ha desestimado su petición y le da la razón a la Diputación.

En los Fundamentos de Derecho de la sentencia se hacer mención al articulado de varias leyes por las que se rige el funcionamiento de las administraciones públicas y también a las bases de ejecución del pleno de 29 de diciembre de 2021, en el que se aprobó el presupuesto para argumentar  el fallo. 

En primer lugar, la jueza expone que si un cargo electo se acoge a la dedicación exclusiva, independientemente de donde resida su trabajo lo tendrá que realizar en la sede donde se encuentra su cargo, en  este caso la Diputación. 

En este sentido puntualiza que el derecho a la indemnización para los cometidos especiales, que circunstancialmente deban desarrollar fuera del término municipal donde se encuentra la residencia oficial, en ese caso se debe entender como  término municipal el que «corresponde a la oficina en la que se desarrolla las actividades del trabajo del puesto de trabajo habitual».

La magistrada también hace mención a la «lógica interpretativa» y expone que a los diputados que no tienen dedicación exclusiva, ni tienen un sueldo en Diputación y únicamente cobran las asistencias «es lógico que se les abone el desplazamiento, por lo que no sería equitativo que  los diputados que  tienen una dedicación, en este caso de 48.300 euros, al desplazarse de su domicilio al que es su lugar de trabajo  tuviesen derecho a cobrar esa indemnización, toda vez que el desplazamiento ya no es puntual, sino que se hace de forma ineludible para el efectivo desempeño del cargo», concluye.