Lío urbanístico en Almazán por la venta de una finca rústica propiedad del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Almazán ha paralizado la venta de una finca rústica municipal, cerca del casco urbano, para solicitar un informe técnico que aclare si  existe un exceso de edificabilidad de las construcciones que ha realizado un arrendatario. 

El expediente de enajenación arrancó el pasado 21 de abril, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno, y  la oposición considera que se encuentra plagada de  ilegalidades. El portavoz de la Plataforma del  Pueblo Soriano, José Antonio de Miguel, asevera que que la nave construida en la finca «es ilegal» y el equipo de Gobierno lo que pretende con la venta es «regularizar una ilegalidad». 

Cuando la oposición tuvo conocimiento del inicio de esta enajenación solicitó de manera urgente una comisión informativa al equipo de Gobierno, que se celebró en la tarde del viernes, para solicitar aclaraciones sobre todos los trámites administrativos y urbanísticos  que se han llevado a cabo por el Ayuntamiento desde el inicio. 

El acuerdo de la Junta de Gobierno para enajenar la parcela, que ahora, se paraliza, dio el visto bueno a la venta de una finca rústica, ubicada en el paraje de La Cañada,  con una superficie de 3.498 metros cuadrados, con un valor del suelo de 5.940 euros, que tras la realización de mejoras se eleva a 43.552 euros.

El Ayuntamiento tiene un contrato de alquiler con un particular sobre esta parcela, al que llegó tras una petición por parte de los arrendatarios actuales que solicitaron una finca para uso particular, tras vender al Ayuntamiento una de su propiedad, cerca de la muralla, según explicó el alcalde, Jesús Cedazo.

Posteriormente, los arrendatarios pidieron  al Ayuntamiento, según explicaciones del alcalde, una adecuación de la parcela para meter animales y contar con unas instalaciones de 48 metros cuadrados, sobre las que después volvieron a solicitar una ampliación de 78 metros cuadrados. 

El portavoz de la PPSO, José Antonio de Miguel, aseguró, en declaraciones a este periódico, que la construcción en esa parcela municipal ocupa 100 metros cuadrados y se emplea para guardar animales a escasos metros del casco urbano de Almazán. En ese sentido manifestó que tras la celebración de la comisión «hemos comprobado que no se cuenta con licencia de construcción ni hay un proyecto», por lo que  apunta a que se trate de una «construcción ilegal», por lo que exige responsabilidades al equipo de Gobierno. 

El alcalde, Jesús Cedazo, indicó, en declaraciones a este periódico, que «todo está claro».  Explicó que el Ayuntamiento concedió una autorización excepcional de uso de suelo rústico a los arrendatarios para habilitar las instalaciones que solicitaron y a su vez, ellos hicieron una declaración responsable para las obras. 

Ante las advertencias de la oposición de que la construcción en esta  finca alcanza los cien metros cuadrados, el alcalde ha parado el expediente de enajenación para comprobar la edificabilidad en la finca de titularidad municipal y de ser así , precisó que  los promotores tendrán que justificar que tiene un proyecto, de al menos la estructura. 

Cedazo adelantó que si hay exceso de edificación por encima de los 78 metros cuadrados solicitados y concedidos por el Ayuntamiento , se abrirá un expediente sancionador que posiblemente conlleve el derribo de lo excedido. 

El alcalde también añadió que  se adoptó la decisión de enajenar esta finca porque así lo pidieron los arrendatarios y el expediente se inició con todos los informes técnicos y jurídicos favorables en un acuerdo de la Junta de Gobierno. 

José Antonio de Miguel consideró que esta situación es de «juzgado de guardia». Criticó duramente que  el Ayuntamiento saque a la venta una finca  municipal que está vallada y con una  construcción de cien metros cuadrados, realizadas por un particular, ya que se haya hecho sin proyecto ni licencia de obra, «sin más trámite que una declaración responsable que se suele emplear para obras menores». A reglón seguido, el portavoz de la oposición manifestó que «no queremos perjudicar a los arrendatarios, pero las cosas se deben hacer bien, Almazán tiene un plan urbanístico».

Por último lamentó la falta de información que recibieron en la comisión informativa y la actitud que adoptó  el alcalde «de hacerse el tonto y decir que no sabía nada, no me lo creo, estoy seguro de que lo tenía todo premeditado y quería legalizar una construcción ilegal», concluyó.