El Procurador del Común insta a la Junta a proteger el castillo de Caracena

El Procurador del Común ha emitido su resolución en torno a la queja presentada por la situación de ruina del castillo de Caracena, protegido como monumento a través del Decreto de 22 de abril de 1949. En la resolución, insta a la Junta de Castilla y León, en concreto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a «que lleve a cabo todas aquellas actuaciones dirigidas a exigir el cumplimiento del deber de conservación impuesto a la propiedad del castillo y, en el caso que la propiedad no realice las actuaciones necesarias para el cumplimiento de esa obligación en un plazo razonable, se adopten las posibles medidas que de forma subsidiaria prevé la legislación vigente, sin perjuicio de los criterios de prioridad para intervenir en el conjunto de bienes que conforman el Patrimonio Cultural de Castilla y León». 

Y es que «el castillo de Caracena presenta un interés histórico y arquitectónico digno de preservar y, ante su actual estado de deterioro, se requiere una intervención inmediata que garantice su conservación y evite una pérdida que podría resultar irreparable».

En el expediente abierto se recoge que la titularidad del castillo es privada y «según la información facilitada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no se tiene constancia de que los titulares hayan presentado solicitud alguna para acometer cualquier actuación de restauración, a pesar de que se les ha comunicado la necesidad de llevar a cabo la actuación, y la posibilidad de acogerse a líneas de subvención para ello». Con todo, continúa el documento, «a la omisión del deber de conservación del castillo por parte de la propiedad a pesar de las obligaciones previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no puede sustraerse a la labor de garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones».

Y es que, según los términos de la queja, recoge el expediente del Procurador del Común, «el deterioro del castillo es muy preocupante, estando incluido en la Lista Roja de la Asociación Hispania Nostra desde el 15 de abril de 2008, requiriendo la adopción de medidas necesarias para su consolidación y conservación».