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Medio Ambiente

Inyección de 300.000 euros para evitar los vertidos de la EDAR Ágreda-Ólvega

Aragón anuncia que la Junta «va a afrontar la contratación de un proceso de control» y confirma que «se tienen sospechas» que indican «de dónde procede el vertido industrial»

Río Val a su paso por la EDAR de ÁgredaMARIO TEJEDOR

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Soria

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El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha informado durante el último pleno celebrado en la comunidad vecina de que la Junta de Castilla y León va a afrontar una inversión de 300.000 euros para contratar «un proceso de automatización y control» para evitar los problemas de vertidos detectados en la planta depuradora de Ágreda-Ólvega. Una inversión que busca funcionar como ‘parche’ durante los 18 meses que duren las obras de mejora de esta infraestructura que cuentan con un presupuesto de casi tres millones de euros.

Unas declaraciones que forman parte de la respuesta del consejero a la pregunta realizada por la parlamentaria socialista Leticia Soria durante la sesión sobre la reunión entre Aragón y Castilla y León para afrontar el problema de vertidos al río Val. Una reunión que, según explicó Blasco, no se celebró debido a «problemas de agenda» de los consejeros por lo que el intercambio de información fue telefónico. 

En este punto, el consejero aragonés avanzó que «se tienen sospechas de dónde pudo salir el vertido industrial [del pasado 23 de febrero] y, por tanto, esperamos que no vuelva a ocurrir colmatando una depuradora que ya es antigua y que requiere una actualización». El vertido «de PH3 colmató todo el tratamiento biológico de la planta y produjo incidencias en el tratamiento de las aguas durante más de una semana», explicó Blasco.

En la conversación, aseguró el consejero, el Gobierno de Castilla y León trasladó a Aragón su preocupación por este asunto asegurando, por otra parte, que «en la actualidad la depuradora está funcionando con normalidad pero no deja de ser preocupante porque puede volverse a dar [esta situación]». Y añadió en su respuesta que «el Gobierno de Castilla y León es consciente de que la depuradora no está funcionando en condiciones por lo que se ha realizado una nueva adjudicación para que tenga capacidad suficiente pero el plazo de ejecución de la obra es de 18 meses». Por este motivo, continuó Blasco, «la Junta nos ha informado de que para no tener que esperar estos 18 meses van a afrontar esta contratación de un sistema de control por valor de 300.000 euros».

En este punto hay que recordar que «el problema no es de agua de boca sino de agua de riego, sin embargo, puede derivar en un problema para los habitantes de la zona», puntualizó Blasco.

Ante este escenario, la parlamentaria socialista, en su turno de réplica, exigió «celeridad y diligencia porque la situación preocupa en el territorio» y amplió su pregunta cuestionando al consejero «si considera que existe contaminación en los cultivos ya que son de los que nos alimentamos». Por ello, «no sé si esa inversión de 300.000 euros es suficiente y creemos que esperar 18 meses es demasiado tiempo para la situación que tenemos por lo que le pido celeridad para mantener esa reunión bilateral de cara a adoptar las medidas necesarias para poder tranquilizar a la población de la zona [afectada]», concluyó Soria.

Denuncia ecologista

La Fiscalía, tras la denuncia realizada por Ecologistas en Acción, ha abierto una investigación en torno a los últimos episodios de contaminación por vertidos al río Val. En este sentido, indica la agrupación, «el último vertido detectado es con gran cantidad de espumas a lo largo de todo río Val, y muy especialmente en el Pozo de la Truchas: una de las cascadas más espectaculares de la provincia de Soria, que es promocionada como lugar turístico y de valor natural con un cartel financiado con fondos de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León». Durante los primeros días de marzo, tras el vertido producido a final de febrero, el espacio se parecía más «a un jacuzzi lleno de jabón maloliente, que a una cascada de toba que es hábitat se interés prioritario para la Unión Europea».

El anterior vertido asegura la agrupación ecologista «fue a mediados de diciembre de 2023 y se prolongó a lo largo de un mes siendo de naturaleza grasienta que tiñó de color gris todo el río. Dadas las diferentes características del vertido, es lógico pensar que el causante del vertido son dos actividades económicas diferentes que se pueden ubicar en Ólvega y en Ágreda» que recuerda, también, otros episodios de este tipo ocurridos en los años 2012, 2016, 2017, 2018 y 2022.