Diputación propone potabilizadoras móviles para zanjar el problema del agua

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, avanzó este lunes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la institución provincial busca en las potabilizadoras móviles, con servicio para poblaciones de hasta 1.000 personas, una solución a los problemas derivados del agua por la contaminación y la falta en algunos pueblos de la provincia.

«Con un coste máximo de 40.000 euros», se trataría de contratos menores, según subrayó Serrano. Aquí se refirió, por ejemplo, a la situación que atraviesa año tras año San Pedro Manrique. «El pozo de Taniñe este pasado verano no daba los parámetros necesarios», explicó, indicando que cuenta con una tubería hasta San Pedro y apuntando que «la instalación de una potabilizadora de este tipo sería una solución rápida» a este escenario.

Y es que hay abiertas dos líneas de financiación que van a llegar a la provincia a través del PERTE del agua de la institución provincial y del PERTE del agua de la Junta. Gracias al primero, llegarán nueve millones de euros para la digitalización del ciclo del agua y con el segundo se repartirán en torno a 75 millones entre las nueve diputaciones de Castilla y León. Es decir, Soria recibirá unos 17 millones de euros.

Serrano explicó que hay que estudiar la forma de poner en marcha este montante trabajando los proyectos de forma coordinada. Destacó, eso sí, la búsqueda de una solución a pueblos como San Pedro Manrique o Serón de Nágima con problemas históricos de agua y que se extienden también a otros municipios, ya sea por falta o por contaminación (nitritos, hierro o arsénicos).

En clave de contrataciones, el regidor provincial informó de la aprobación del gasto para la contratación de varios vehículos para incorporar al departamento de Vías y Obras por 332.850 euros. En concreto, tres vehículos 4x4 por 120.000 euros; la contratación de tres furgonetas por 75.000 euros así como una biotrituradora de remolque por 67.670 euros y un brazo desbrozador por 70.180 euros que formará parte de los cinco tractores con los que la institución cuenta para limpiar las cunetas de las carreteras provinciales.

Además, en materia de subvenciones, la Diputación ha dado luz verde a las bases de la convocatoria de ayudas para la contratación de desempleados con el objeto de cofinanciar la contratación de trabajadores para la realización de obras de los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

La partida está dotada con 1.000.000 euros. Los beneficiarios deberán contratar a los trabajadores entre el 1 de abril y el 31 de agosto, ambos incluidos. Los contratos se extienden hasta el 29 de septiembre para los contratos de 90 días a jornada completa. Hay varias modalidades de contratación que se especifican en las bases, contratos de medio jornada y jornada completa. Las solicitudes se pueden realizar una vez se publiquen las bases en el BOP.

Por otro lado, la Diputación ha aprobado parcialmente la concesión de las subvenciones para financiar la adquisición de equipos informáticos. Se han presentado 135 solicitudes, de las que se han concedido 78, que cumplían con las bases, por un importe de 40.662 euros.

La Junta de Gobierno ha aprobado instar al órgano de Gobierno que corresponda, a la adhesión de la Diputación al Acuerdo Marco entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo general del Notariado y el presidente de la Diputación, para el intercambio de información en materia del impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha modificado el acuerdo para la contratación de contratos menores. Dada la dificultad que supone para algunos departamentos, tal y como lo han trasmitido, así como para los centros gestionados por la institución provincial, para cumplir con la Instrucción de Tramitación de Contratos Menores actual.

«La interventora y el secretario han analizado la situación y se ha llegado a la conclusión de la necesidad de mantener la instrucción en sus términos legales, admitiendo que existan ciertas dependencias que por sus características o peculiaridad de los servicios que prestan, necesiten refuerzo y formación para adaptarse al cambio, por ello la Junta de Gobierno ha aprobado establecer un periodo para la adaptación con diferentes actuaciones y acciones formativas», apostilló Serrano.

A partir del 1 de enero de 2025, todos los departamentos deben cumplir con la legalidad total.