PSOE y PP tumban en la Diputación de Soria la moción de Vox sobre el reparto de menores extranjeros

El voto en contra del PSOE y la abstención del PP echó por tierra la moción presentada ayer por el grupo Vox en el pleno de la Diputación de Soria que reclamaba a la institución provincial rechazar el reparto establecido por el Gobierno central de los menores extranjeros no acompañados, menas, entre las diferentes comunidades autónomas.

«No estamos preparados para recibir a esta gente», indicó el diputado Eduardo Álvarez, quien aseguró que su objetivo es «poner en aviso» a la Diputación para que analice, conjuntamente con el Gobierno regional, «para preparar esta situación». Tras relacionar inmigración y criminalidad, exponer datos y cifras y asegurar que en Soria no se ha recibido ningún mena, relacionó «las cuchilladas» del Viernes de Toros con ilegales, aunque matizando, «no quiero ponerme truculento».

Álvarez, que estimó en «cien o doscientos» los menores no acompañados que podrían llegar, indicó en el pleno que «el buenismo está muy bien pero el bolsillo de este país no sé si lo puede sostener». Llegó a hablar de «desnaturalización» en relación a la edad de los menores, porque algunos pueden parecer más jóvenes de lo que son. Puso el ejemplo del jugador del fútbol, Lamine Yamal, «de 16 años y un aspecto de 25, o de 20 o 22», lo que levantó más de una carcajada entres los diputados.

Vox quiere que no se permita empadronar a los migrantes ilegales, que se cierren los centros para menores no acompañado, que no haya partidas presupuestarias para la reubicación de ilegales en Soria, además de suprimirles toda ayuda y beneficio social, «a excepción de las humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen».

El PSOE, que habló primeramente de «solidaridad, humanidad e integración», votó en contra con rotundidad, recriminando a Vox que diera cifras sin contrastar y recordando que «no son más que niños». «Tenemos que protegerles a ellos, no a nosotros de ellos», le recordó la portavoz socialista, Esther Pérez, quien rebatió con datos que la criminalidad no es cuestión de procedencia.

Desde las filas populares se optó por la abstención, aceptando algunas premisas de la moción, como repatriación de quienes delincan, acabar con el efecto llamada, que no se regularice a los que entran ilegalmente, o la supresión de las ayudas. Con todo, José Antonio de Miguel tildó el discurso de Vox de «apocalíptico», y puso de manifiesto que la institución provincial no puede «resolver un problema de tanto calado». «No creo que la repercusión sea tanta como la pinta», afirmó De Miguel, pues aunque reconoció que es «un auténtico problema, una crisis humanitaria», criticando al Gobierno por la gestión de la inmigración, «prohibir o expulsar son términos muy duros que no nos gustan». Tampoco el término Mena, dijo el portavoz del PP. Defendió que es un problema de toda Europa y reclamó reparto de la responsabilidad entre el Gobierno central y la UE.

Con esta moción se demoró el pleno durante casi dos horas. «Íbamos a ir a la procesión de Morón, pero era a las doce y media», apuntó socarrón De Miguel sobre una sesión que se prolongó más de lo deseado y en la que sólo había cinco puntos del orden del día. Se aprobó por unanimidad de todos los grupos la Cuenta General correspondiente al año 2023.