Alianza Junta-Diputación para acabar con los problemas de abastecimiento en los pueblos de Soria

La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Diputación Provincial de Soria han firmado hoy un nuevo protocolo, el cuarto en los últimos años para actuar en el ciclo del agua, para dar una solución definitiva a los problemas de abastecimiento de los municipios sorianos. El primer paso será la creación de un grupo técnico que definirá las actuaciones a desarrollar para posteriormente ejecutar las obras allí donde sea necesario. Un protocolo que luego se traducirá en los oportunos convenios con los municipios con un esquema de financiación en el que la Junta asumirá el 40% del coste, la Diputación otro 40% y los ayuntamientos el 20% restante con el horizonte de que en la próxima legislatura ya puedan estar todas las soluciones en marcha.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones recordó que este tipo de acuerdos se están firmando en las 9 provincias de la Comunidad y que demuestran una vez más "la preocupación" de la Junta y las diputaciones por un bien como "el agua". "Hay que ser responsables en el uso y el gobierno". De la misma forma, este protocolo se enmarca en el objetivo prioritario de la Junta de atender las necesidades del "medio rural". En este sentido recordó que las competencias en materia de depuración y abastecimiento son municipales, pero que son obras de alto nivel técnico y económico por lo que es necesaria la participación de las "hermanas mayores" como son la Junta y la Diputación.

Tal y como está explicado, la Diputación y Medio Ambiente firman el cuarto protocolo para abordar los problemas vinculados al ciclo del agua. El primero de los acuerdos data ya de 2020 cuando se abordó la construcción de depuradoras en localidades de entre 500 y 100 habitantes. El plan general contempla 340 actuaciones en la Comunidad con 140 millones -250 ya están en marcha- y en Soria afectaba a 8 depuradoras -Deza, Playa Pita, Fuentecantos, Tardelcuende y Quintana Redonda ya en marcha con una inversión de 4,5 millones. En breve se lanzarán las restantes que afectan a Monteagudo y Cubo de la Solana.

El segundo protocolo, firmado en 2023, afecta a las depuradoras de los pueblos de menos de 1.000 habitantes y desarrollará 1.300 infraestructuras de depuración en Castilla y León con un coste de unos 130 millones de euros. En Soria se prevén 100 instalaciones con 12 millones de inversión y en este caso el "grupo técnico" entre ambas administraciones ya acelera para determinar todas las actuaciones a llevar a cabo de cara a terminarlas antes del 20230, aproximadamente. "No hay ninguna región en España ni Europa con estos objetivos de depuración".

A esto se suman otras actuaciones particulares como las efectuadas en Almazán, con casi un millón para el nuevo depósito, o la planta de eliminación de nitratos de Nolay.

Este año se firmó el tercero de los protocolos, ya centrado en el abastecimiento, y destinado a la modernización y mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento de los municipios. Este apartado también está en estudio por parte del grupo de trabajo técnicos

Ahora se suma un cuarteto protocolo para abordar directamente los problemas de abastecimiento que sufren muchas localidades "especialmente en verano" con el aumento de población. En primer lugar se crea un nuevo grupo técnico que analizará las obras y la prioridad de las mismas en base a la información que ya tienen tanto la Diputación como la Consejería, a través de Somacyl. Desde ahí se diseñará un calendario para ejecutar las infraestructuras.

En primer lugar se buscará crear infraestructuras de abastecimientos mancomunados, que resulten más eficientes, en segundo lugar en aquellos lugares donde se necesite se apostará por depósitos y en los caso en los que no haya más solución posible se lanzarán proyectos individuales. La iniciativa incluye la construcción de las infraestructuras y el mantenimiento, que ejecutará Somacyl durante 25 años.

En todos los protocolos se sigue un mismo esquema de financiación. La Junta pone el 40% del coste, la Diputación otro tanto y los ayuntamientos deben hacer frente al 20% del coste del proyecto. Además, para ese 20% pueden optar a financiación por parte de la propia Junta. Una vez construidas, las instalaciones son asumidas por Somacyl para su mantenimiento por un periodo de 25 años. Esta fórmula garantiza que hay un correcto cuidado de las instalaciones evitando problemas en este sentido detectados en el pasado.

Sumando las obras vinculados a estos protocolos y otras actuaciones puntuales que ya está desarrollando la Junta en este mismo ámbito, como en Liceras, Ribarroya o Fuentecantos, la inversión en el ciclo del agua del Gobierno autonómico se sitúa en los 20 millones de euros, a los que hay que sumar los 24 que aporta directamente a las obras de la nueva depuradora de la capital provincia.