Heraldo-Diario de Soria

DIPUTACIÓN DE SORIA

El alcalde socialista de Ágreda vota con PP y Vox la retirada del mapa de autobús

Jesús Manuel Alonso sale en defensa de su pueblo que se queda sin una de las paradas según el borrador para la concesión de los servicios regulares

Jesús Manuel Alonso, en el centro, en  el pleno de ayer de Diputación.

Jesús Manuel Alonso, en el centro, en el pleno de ayer de Diputación.MONTESEGUROFOTO

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El alcalde de Ágreda y diputado socialista, Jesús Manuel Alonso, rompió la disciplina de su partido en la Diputación de Soria y votó con el PP y Vox la moción que se debatió y se aprobó por mayoría en el pleno de ayer para pedir al Gobierno la retirada del actual borrador del mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera y que se redefina teniendo en cuenta las necesidades del medio rural y de las áreas despobladas.

Tras la votación, Alonso abandonó el salón y no se quedó hasta el final de la sesión, a la que tampoco acudió el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

«Yo voto por el interés general, no por la imposición de ningún partido político y defiendo los intereses de mi pueblo». Así de tajante se mostró el diputado díscolo que argumentó su postura, en declaraciones a este periódico, en el perjuicio que causa al municipio de Ágreda este nuevo mapa al eliminarse la parada de la línea regular de autobús. «No se pueden hacer las cosas desde Madrid sin contar con el territorio», puntualizó Jesús Manuel Alonso.

En este sentido explicó que la medida adoptada «es contraria al fin que se propone», dijo el alcalde agredeño quien indicó que la supresión de la parada de autobús de Ágreda no reduce tiempos ni ahorro energético porque el autobús tiene parada en Ólvega y posteriormente tiene que volver a pasar por Ágreda para continuar la ruta, lo que a juicio de Alonso, no tiene sentido no realizar parada y tener de desplazar a los viajeros a la parada de otro pueblo cercano.

Jesús Manuel Alonso ha enviado un burofax al ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitar que no se suprima la parada de autobús de su pueblo, al que no ha obtenido respuesta, dijo.

La moción fue presentada por el grupo del PP en la Diputación en el pleno ordinario de septiembre, en el que solo se adoptó un acuerdo provincial y fue relativo a las percepciones de los cargos políticos con dedicación exclusiva y fue para corregir un error del acuerdo adoptado al inicio de la legislatura, en el que no había quedado bien reflejado que los sueldos de los políticos se incrementarán cada año con la subida que se apruebe a los empleados públicos. El resto de la sesión que se prolongó durante dos horas y media fue un debate en clave nacional.

El portavoz del PP, José Antonio de Miguel, solicitó al resto de los grupos políticos el voto favorable para esta moción. Vox la apoyó, pero el PSOE la rechazó, con nueve votos en contra. 

La portavoz socialista, Esther Pérez, acusó a los populares de «alentar bulos sobre la supresión de las paradas, solo están haciendo ruido mediático». Pérez abogó por la colaboración y el consenso entre las administraciones para coordinar el transporte por carretera.

Subrayó que las competencias del transporte le corresponde a las Comunidades Autónomas y aseguró que a Castilla y León «le ha pillado sin hacer los deberes» y puso el ejemplo de otras comunidades autónomas, como La Rioja, que han presentado alegaciones al borrador del mapa concesional de servicios regulares.

El portavoz de Vox, Eduardo Álvarez, votó a favor porque consideró que este mapa, que deja a Soria sin 33 paradas de autobús en los pueblos, «es un completo desastre para Soria», dijo y añadió que «me sorprende que un gobierno socialista, que impulsa políticas sociales y no económicas, lo presente».

El portavoz del PP, José Antonio de Miguel, aseguró que «es un ataque al mundo rural» que en Soria perjudica a 7.608 personas que residen en el medio rural. Rechazó los argumentos de se trate de una competencia del gobierno regional y le recordó a la portavoz socialista que en la actualidad no hay una negociación para estas competencias y «la oferta económica del Gobierno es ridícula».

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